La Guerra Civil. La revolución

Con el levantamiento militar del 17 de julio de 1936, empezaba la Guerra Civil, uno de los episodios más sangrientos de la historia de Cataluña. Cataluña acogió a miles de refugiados y la población civil fue víctima de constantes bombardeos. El desenlace del conflicto se decidió en la Batalla del Ebro, en la que murieron 15.000 republicanos.

El 17 de julio de 1936, en las explanadas africanas de Marruecos, se inició un golpe de estado militar con el apoyo mayoritario del ejército desde diferentes ámbitos de la sociedad, que supuso el inicio de uno de los episodios más sangrientos de la historia de Cataluña y de España. Cataluña, además, era uno de los principales bastiones del gobierno legítimo de la República.

Los insurrectos, en la ciudad de Barcelona, se alzaron el 19 de julio de 1936. Sin embargo, la revolución militar se vio frustrada por la resistencia de la guardia de asalto, los ‘Mossos d’Esquadra’, los elementos civiles armados y la intervención posterior de cuatrocientos guardias civiles. El fracaso del golpe sedicioso provocó que los obreros y fuerzas vivas se apropiaran de treinta mil fusiles, ametralladoras y munición en la Mestrança de Sant Andreu. Un hecho que marcó decisivamente el signo de la revolución emergente. Los enfrentamientos del 19 y 20 de julio supusieron la muerte de unas cuatrocientas cincuenta personas y un millar de bajas.

Controlados los primeros incidentes, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, convivió con el recién creado Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMAA), formado por cinco miembros de la CNT-FAI, tres de ERC y la UGT y uno del PSUC, Unió de Rabassaires, POUM y Acció Catalana. El CCMAA tenía que enviar las primeras columnas de voluntarios al Frente de Aragón para vigilar la retaguardia junto con las patrullas de control. El vacío de poder fue ocupado por las fuerzas revolucionarias. En aquel momento hubo represalias políticas y sociales y venganzas hacia cualquier signo de la sociedad tradicional que se acababa de abolir.

A pesar de la condena de los dirigentes de la Generalitat de Catalunya y de sectores de la CNT como Joan Peiró, la represión efectuada por ciertos elementos de la CNT-FAI llegó, según los historiadores Josep M. Solé y Joan Villarroya, hasta las 8.500 muertes a lo largo de la guerra. La mayoría de estas bajas se concentraron durante los primeros cuatro meses de la guerra. No obstante, aunque en junio de 1937 se suspendieron las ejecuciones, en el verano de 1938 y durante la retirada de las tropas republicanas en enero de 1939 se reactivaron, en menor número, los asesinatos por parte del bando republicano.

La Generalitat centró sus esfuerzos en salvaguardar el mayor número de vidas, edificios, documentos y obras de arte. En el caso de las personas, el gobierno catalán proporcionó un gran número de pasaportes a sectores acomodados, eclesiásticos y miembros de partidos políticos conservadores, que estaban siendo perseguidos por una parte de la CNT-FAI. La ayuda a los perseguidos por parte de miembros del gobierno catalán, como los consejeros de cultura Bonaventura Gassol y de gobernación Josep M. Espanya, provocó que éstos tuvieran que huir del país por miedo a posibles represalias. El sector más castigado fue la Iglesia (murieron 2.437 curas y religiosos), seguido por los miembros de la Lliga Catalana, con más de 400 muertes. Ante esta situación, algunos, al huir, pasaron a engrosar las filas del bando nacional.

Las neutralizaciones de funciones entre el CCMAA y la Generalitat por la falta de coordinación, sobre todo en el campo de las colectivizaciones, comportaron que la CNT-FAI quisiera desarrollar tareas de mayor responsabilidad dentro del gobierno catalán. Cuando lo consiguió, eliminó el CCMAA.

El 24 de octubre de 1936, la Generalitat aprobó el decreto de colectivización y control de los trabajadores, que acordaba que si una empresa tenía más de 100 trabajadores quedaba automáticamente colectivizada, mientras que si tenía menos se llevaba a cabo lo que la mayoría decidiera. Muchos propietarios, ante la persecución a la que se veían sometidos, optaron por huir y salvar la vida. El abandono de las fábricas, pues, facilitó la colectivización de los obreros.

Además de esta difícil situación social, también la económica era delicada. La Generalitat tuvo que crear de la nada una industria de guerra. La importante crisis la empujó a pedir anticipos al Banco de España y la petición de un crédito a la Caja de Pensiones. Para poder paliar este déficit, el gobierno catalán intervino en numerosas empresas y creó nuevos impuestos. Uno de los campos que más sufrieron la crisis fue el textil, mientras que sectores como la metalúrgica y la química salieron beneficiados del conflicto. A todo esto, cabe añadir que la guerra cuadruplicó el índice oficial de los precios, mientras que los salarios sólo aumentaron en dos ocasiones.

Las constantes disputas por la consecución de la mayor cuota posible de poder entre las diferentes formaciones de la Generalitat de Catalunya y el transcurso de la guerra fueron enrareciendo cada vez más la situación política y social. Son un ejemplo los hechos sucedidos en La Fatarella en enero de 1937, cuando cincuenta campesinos fueron asesinados por los anarquistas porque los primeros se habían negado a la colectivización de sus tierras. Un enfrentamiento que no fue detenido debido a las deficientes fuerzas de orden público. Hechos como éste condujeron a la Generalitat a crear un cuerpo único de seguridad y a disolver las patrullas de control.

Las tensiones entre los componentes del gobierno catalán llegaron a su punto máximo con lo que se conoce como los ‘Fets de Maig’ [Sucesos de Mayo]. El 3 de mayo de 1937, siguiendo las órdenes del Departamento de Orden Público de la Generalitat, doscientos guardias de asalto con ayuda de los milicianos del PSUC, la UGT y de Estat Català fracasaron al intentar tomar en Barcelona el control de Telefónica, que estaba en manos de la CNT-FAI, con el apoyo del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

Inmediatamente se alzaron barricadas y se inició una guerra civil dentro de otra guerra entre las mismas fuerzas republicanas. A pesar de las órdenes de cese de los enfrentamientos por parte de los líderes de la CNT y los ministros de la República, el POUM llamaba a sus miembros a la revolución armada. Ante la incapacidad de la Generalitat para mantener la seguridad, el gobierno de la República decretó la absorción del Departamento de Defensa de la Generalitat. El día 6 se acordó que los miembros de la CNT abandonarían el edificio de la Telefónica y que a continuación lo realizaría la Guardia de Asalto. No obstante, estos últimos no cumplieron la promesa y la policía, junto con miembros de la UGT, ocuparon el edificio.

La madrugada del 7 de mayo, el gobierno catalán aceptó la proposición de los sindicalistas de que no habría represalias si se detenían las ofensivas. Aquel mismo día llegaron a Barcelona, con los enfrentamientos finalizados, provenientes de Valencia, tres mil guardias de asalto que se hicieron cargo del orden público.

Mientras tanto la guerra continuaba y la colaboración, desde diferentes ámbitos, de Cataluña con el resto del Estado republicano era cada vez más evidente e intensa. Entre treinta y sesenta mil soldados provenientes de Cataluña defendieron Madrid y la zona centro de España, y los ayuntamientos catalanes enviaron a la capital, hasta noviembre de 1937, importantes cantidades de víveres. A medida que iba avanzando el conflicto, Cataluña también fue lugar de acogida de los refugiados republicanos. Un albergue que llegó a traducirse en un millón de personas en 1938. Esta huida no sólo implicó a la población civil y militar sino que también provocó el traslado del Gobierno de la República desde Valencia a Barcelona. Una autoridad que durante este periodo se caracterizó por la creación del Servicio de Investigación Militar (SIM), el cual llevó a cabo numerosos procedimientos ilegales que costaron la vida a muchas personas acusadas, en ocasiones de manera infundada, de espionaje, traición, desafección y estraperlo.

A partir de 1938, las bombas cayeron sobre numerosas ciudades catalanas. En total, hubo 194 bombardeos, que causaron la estremecedora cifra de cinco mil muertes. Unos ataques indiscriminados que por primera vez no tuvieron un objetivo militar sino que pretendían atemorizar y desmoralizar a la retaguardia republicana.

El episodio que decidió el desenlace de la guerra en Cataluña y, posteriormente, en España fue la Batalla del Ebro. Ante el inminente ataque del general Francisco Franco sobre Madrid, el gobierno de la República realizó su penúltima ofensiva con la efímera conquista de Teruel. La pérdida de este territorio propició que las tropas nacionales ocuparan, entre otros, Lleida y Gandesa. En una situación tan excepcional se llamó a filas a todos los hombres disponibles que tuvieran entre cuarenta y cinco y dieciocho años (la Quinta del Biberón) para ir al frente. Las tropas de los dos bandos iniciaron una lucha de desgaste y muy costosa en vidas. El bando republicano tuvo 60.000 bajas (el doble que el bando nacional), 15.000 mortales, y una elevadísima pérdida de material armamentístico. El mayor número de efectivos, la destrucción de los puentes de barcas y la aviación antirepublicana permitieron al bando sublevado vencer el decisivo enfrentamiento y, al mismo tiempo, la guerra.

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